Sólo 13% de las mujeres obtienen órdenes de protección: BANAVIM

Las órdenes de protección son un mecanismo legal para proteger a las víctimas directas e indirectas de violencia de género.

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Violencia contra las mujeres
Foto: Pexels

Las órdenes de protección son un mecanismo legal que tiene como propósito proteger a las víctimas de violencia, tanto directas como indirectas, para evitar que las agresiones escalen y puedan derivar en la muerte violenta de mujeres, explica la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En un informe de 2018, el organismo autónomo destacó que otorgar esta protección es una obligación del Estado mexicano a través de autoridades federales y estatales frente a situaciones de riesgo para la vida e integridad de las mujeres.

Señaló que el objetivo de este recurso legal es “conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida e integridad de las mujeres”.

En México, según datos del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), citados por SEM México, de cada 100 casos de violencia contra las mujeres, solo se dictan 13 órdenes de protección.

Además, detalla el medio, la Red Nacional de Refugios (RNR) en su informe de febrero del 2021 señaló que “dos de cada 12 mujeres que solicitaron acompañamiento a la RNR ya habían pedido apoyo a una instancia gubernamental pero no recibieron la atención esperada”.

La organización Equis de Justicia para las Mujeres destaca que las órdenes de protección son un mecanismo que destaca entre otros debido a que fue diseñado específicamente para proteger al sector femenino de la violencia de género.

Resaltó que “son especialmente útiles en circunstancias de urgencia, pues su sencillez agiliza la respuesta de las autoridades”.

Debido a la relevancia de esta acción legal en abril pasado la citada organización, en conjunto con 22 integraciones civiles más de 10 estados del país presentaron una iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El proyecto establece puntos como el reconocer que las órdenes de protección son un derecho humano de las mujeres y niñas que no debe estar sujeto a la presentación de denuncia, demanda o querella.

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