El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, resolvió un amparo directo a favor de una trabajadora parapléjica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Esto sucedió luego de que una trabajadora de ese instituto interpuso un amparo directo en contra de una resolución que le negaba el reconocimiento de una pensión por invalidez.
La trabajadora, fue despedida por el instituto en enero de 2018, alegó que padecía una enfermedad que la incapacitaba para trabajar. De hecho, presentó pruebas médicas que sustentaban su condición.
Ante el caso, el Tribunal analizó las pruebas y determinó que la trabajadora sí tenía derecho a la pensión por invalidez.
Argumentó que el IMSS no había valorado correctamente las pruebas médicas y por ende otorgó el amparo a la trabajadora y ordenó al instituto que le concediera la pensión por invalidez.
Relevancia de la resolución:
Esta resolución es importante porque establece un precedente para otros casos similares.
Protege los derechos de los trabajadores del IMSS que padecen enfermedades que los incapacitan para trabajar y lo obliga a valorar correctamente las pruebas médicas antes de negar una pensión por invalidez.
En México, más de 6.2 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, incluyendo las condiciones mentales, según el Censo de Población y Vivienda 2020. De ellas, apenas el 37% forma parte de la población económicamente activa (PEA), es decir, que tiene un trabajo remunerado o está buscando uno.
El 53% de la población con discapacidad es mujer y el 47%, hombre. La mayor parte, el 48%, tiene problemas para caminar, la segunda discapacidad más común es para ver (44%) y el 22% tiene sordera.
