El Senado de la República ha dado luz verde a una reforma importante en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que tiene que ver con las pensiones alimenticias. Esta reforma se conoce como Ley Sabina y fue aprobada con un respaldo de 88 votos a favor, después de haber sido aprobada previamente por la Cámara de Diputados hace dos años.
Pero, ¿qué implica realmente esta Ley Sabina? La iniciativa fue impulsada por Diana Luz Vásquez Ruiz, una activista de Oaxaca que luchó por el reconocimiento de la paternidad y la responsabilidad económica de su expareja hacia su hija Sabina. Según la activista, esta reforma estuvo congelada durante casi dos décadas y ahora busca obligar a los deudores alimentarios a cumplir con sus obligaciones de satisfacer las necesidades básicas de sus hijos e hijas.
Los cambios aprobados por el Senado se centran en la modificación del artículo 103 de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes. Ahora se establece que los derechos alimentarios abarcan la alimentación, la nutrición, el vestido, la habitación, la recreación, la atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, la asistencia médico-hospitalaria y los gastos de embarazo y parto. Además, se crea un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que servirá como un padrón para difundir información sobre los deudores alimentarios morosos.
En este nuevo registro se inscribirán las personas que no cumplan con sus obligaciones alimentarias durante tres meses consecutivos o cinco de forma alternada, de acuerdo con lo establecido por una autoridad competente o por convenio judicial. Los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas y de la Ciudad de México serán responsables de suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar y actualizar toda la información relacionada con el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.
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Es importante destacar que el registro será público y estará disponible para todas las procuradurías de protección de las entidades federativas y de la Ciudad de México. Asimismo, se establecen medidas de restricción migratoria para evitar que los deudores alimentarios inscritos en el registro puedan salir del país si existe un riesgo de evasión del pago de la deuda alimentaria.
Ahora bien, ¿cuándo y dónde aplicará esta Ley Sabina? Una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, la ley tendrá aplicación a nivel nacional y se tendrán 300 días para su implementación. Sin embargo, aún es necesario que los Congresos locales y los Tribunales Superiores de Justicia armonicen sus marcos jurídicos y emitan las normativas correspondientes para que las autoridades locales puedan cumplir con lo establecido.
Es importante mencionar que algunos estados, como la Ciudad de México, Chiapas y Coahuila, ya cuentan con registros similares para facilitar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
A pesar de la aprobación de la reforma, Diana Luz Vásquez Ruiz, la impulsora de esta ley, señala que existen algunas lagunas y discrepancias. Según ella, el registro debería ser operado por la Secretaría de Gobernación en lugar del DIF Nacional, ya que considera que esta última dependencia podría no ser competente para gestionar eficazmente el registro.
Además, Vásquez Ruiz sugiere reducir el tiempo necesario para considerar a una persona como deudora alimentaria de 90 a 30 días. Según su perspectiva, es crucial actuar rápidamente para proteger los derechos de los niños y niñas que dependen de estas pensiones alimenticias.
A pesar de estas preocupaciones, la aprobación de la Ley Sabina representa un avance significativo en la protección de los derechos de los menores y en el cumplimiento de las obligaciones económicas de los padres. Esta reforma busca garantizar que los niños y adolescentes reciban lo necesario para su sustento y supervivencia, sin que las deudas alimentarias se prolonguen indefinidamente.
Ahora, con la implementación de la Ley Sabina y la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, se espera que los deudores alimentarios morosos sean identificados y se les exija cumplir con sus responsabilidades económicas. Asimismo, se busca evitar la evasión de estas obligaciones mediante medidas de restricción migratoria.
Es importante destacar que esta reforma no solo tiene implicaciones legales, sino también sociales. Se espera que la Ley Sabina contribuya a crear conciencia sobre la importancia de cumplir con las obligaciones alimentarias y promueva una cultura de responsabilidad hacia los hijos e hijas.
La aprobación de la Ley Sabina representa un paso importante para garantizar los derechos de los niños y adolescentes en México. Esta reforma busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y establece un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para identificar a los deudores morosos. Aunque aún existen algunas preocupaciones y lagunas que deben abordarse, esta ley es un avance significativo en la protección de los derechos de los menores. Se espera que la implementación de la Ley Sabina contribuya a mejorar la situación de muchas familias y promueva una mayor responsabilidad hacia los hijos e hijas en el país.
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