AI reporta deficiencias en investigaciones de feminicidios en el Edomex

Sin perspectiva de género, con pérdida de evidencias y falta de indagación, así son las “deficientes” investigaciones de feminicidios en el Estado de México, alertó Amnistía Internacional (AI) en su informe “Juicio a la Justicia”.

“El Estado mexicano persiste en su omisión del deber de investigar y, por lo tanto, de su deber de garantizar los derechos a la vida, integridad personal de las víctimas, y de su deber de prevenir la violencia contra las mujeres”, apuntó el organismo el documento.

Amnistía Internacional analizó cuatro casos ocurridos en la entidad mexiquense, el de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; Daniela Sánchez Curiel, quien desapareció en 2015 sin que se sepa aún sobre su paradero; Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017; y Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada en 2018.

Mediante esta investigación, la organización encontró tres situaciones relevantes que violan el acceso a la justicia, estos son:

• Las personas servidoras públicas pierden evidencias vinculadas con los hechos, lo que, se destaca, generalmente ocurre porque no se inspecciona correctamente el lugar de los hechos; porque no resguardan de forma apropiada las evidencias que se recolecta y porque no llevan a cabo, o no lo hacen en el tiempo adecuado las diligencias, lo que causa la pérdida de datos.
• Las autoridades no investigan lo suficiente, por lo que no se examinan las distintas líneas posibles en cada caso y no se llevan a cabo las diligencias adecuadas para agotar una línea de investigación de manera exhaustiva.
• Perspectiva de género no se aplica de forma correcta, pues esta debe estar presente en todo el proceso y en todas las actuaciones, sin embargo, encontraron que en ocasiones estas no se llevan a cabo como establecen los protocoles para investigar este tipo de casos.

Asimismo, AI señaló que las familias de las víctimas de feminicidio son revictimizadas, pues son ellas quienes deben invertir tiempo y dinero para hacer investigaciones y presionar a las autoridades para que realicen su labor, además de que frecuentemente reciben amenazas o son agredidas por los responsables de los actos delictivos o hasta por las mismas autoridades.

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