Luego de que el pasado 1 de septiembre entró en vigor la polémica ley antiaborto en Texas, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, amenazó con aplicar una ley federal de 1994, la cual protege el libre acceso a las clínicas que practican abortos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió en un comunicado una declaración realizada por el fiscal general, Merrick Garland, en la que se resalta que están explorando distintas opciones para frenar la restrictiva legislación que prácticamente prohíbe el aborto en el mencionado estado.
“Si bien el Departamento de Justicia explora urgentemente todas las opciones para desafiar la SB8 de Texas con el fin de proteger los derechos constitucionales de las mujeres y otras personas, incluido el acceso a un aborto”, declaró la autoridad.
Coahuila a favor del aborto. ¡Una determinación histórica que permite que nadie pueda ir a la cárcel por decidir sobre su cuerpo! #AbortoLegalMéxico #QueSubaLaMarea https://t.co/1fDLPDlNx3
— ViBE TV (@ViBETVmx) September 7, 2021
Abundó que continuarán “protegiendo a aquellos que buscan obtener o proporcionar servicios de salud reproductiva”, en línea con la aplicación de la Ley de Libertad de Acceso a la Entrada a Clínicas (FACE, en inglés).
La ley aprobada en Texas recientemente, y la cual no fue bloqueada por la Corte Suprema de Estados Unidos, ante la solicitud de clínicas texanas, prohíbe el acceso al aborto a partir de la sexta semana de gestación, cuando, según señalan, el latido del feto es perceptible, sin embargo, se trata de una etapa en la que muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas.
Además, establece que civiles pueden presentar demandas en contra de cualquier persona que ayude a una mujer embarazada a abortar, desde médicos hasta familiares, y en caso de que el juicio se gane, podrían recibir hasta 10 mil dólares.
Con información de Efe
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