Someter a consulta la despenalización del aborto es un retroceso: GIRE

La organización señaló que el acceso al aborto es un derecho que se encuentra reconocido en el marco jurídico actual del país.

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Foto: Instagram/@coatlicueviva

Debido a la simplificación de las cuestiones y la limitación de las opciones, una consulta ciudadana trae consigo el riesgo de restringir derechos; de que las votaciones directas terminen “sancionando situaciones injustas o contrarias al marco de derechos humanos reconocido actualmente”, alertó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

En el informe Ni un paso atrás, la garantía del acceso al aborto legal en México y las consultas populares, la organización feminista resaltó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado que ante las posturas encontradas a favor y en contra de la interrupción legal del embarazo, la mejor opción sería consultar a la ciudadanía.

Se señala que el mandatario federal no ha explicado en qué consistiría dicha consulta, pero, apunta la organización, “si la intención fuera utilizar el mecanismo de consulta popular, sería el Pleno de la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) la que tendría que determinar la validez de la materia sometida a consulta”.

Mientras que, si se tratara de una consulta política, lo que se refiere a que no está prevista en la ley, para conocer la opinión de la ciudadanía y con base en esta tomar una decisión, “el resultado y la decisión jurídica que se asuma constituiría un acto de autoridad y, por lo tanto, podría ser impugnable”.

En el documento, el GIRE señala la participación de la SCJN en la resolución de amparos a favor de mujeres que buscaban acceder a la interrupción del aborto, sobre todo en casos de violación y de riesgo a la salud.

Asimismo, apunta que el acceso al aborto ha sido uno de los derechos que el movimiento feminista ha buscado históricamente, al que actualmente se puede acceder hasta las 12 semanas de gestación sin importar los motivos y causas en la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Mientras que en los distintos estados del país se han determinado causales para poder interrumpir el embarazo.

En este contexto, la organización feminista sentenció que “someter a consulta —popular o ciudadana— lo ya reconocido en nuestro ordenamiento jurídico sería un retroceso injustificado en materia de derechos reproductivos”.

Subraya, además, que la despenalización del aborto y el acceso a servicios de salud reproductiva “supone para el Estado la obligación de seguir promoviendo acciones para garantizarlos”.

Igualmente, GIRE apunta que la opinión de la población, expresada incluso en una consulta popular o ciudadana, no puede legitimar que se desconozcan derechos reconocidos en la Constitución del país y en acuerdos internacionales a los que México ha accedido.

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