CNDH condena el asesinato de Aranza Ramos, integrante de Madres Buscadoras de Sonora

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el asesinato de Aranza Ramos, integrante de las Madres Buscadoras de Sonora privada de la vida el pasado 15 de julio en el municipio de Guaymas.

A través de un comunicado, el organismo autónomo expresó su indignación ante los hechos, y exhortó a las autoridades correspondientes a realizar una investigación “exhaustiva y pronta” sobre el caso.

Señaló que Aranza era una víctima indirecta de la desaparición de su esposo, Bryan Omar Celaya Alvarado, a quien la joven de 27 años buscaba y por lo que se unió a las Madres Buscadoras de Sonora en diciembre pasado.

Destacó que, tras el asesinato de Ramos, quien de acuerdo con el Frente Nacional Ni una Menos, fue privada de su libertad y posteriormente asesinada, queda una víctima indirecta más, su hijo de dos años, quien ahora se encuentra en la orfandad.

La CNDH llamó la atención sobre el hecho pues señaló que las cifras son alarmantes, ya que alrededor de 80 mil personas se encuentran desaparecidas y se han documentado más de cuatro mil fosas clandestinas.

“La CNDH se une a los reclamos y exigencias de justicia de los colectivos de buscadoras, defensoras de Derechos Humanos, ciudadanas Buscadoras y Activistas, pero sobre todo, hace un enérgico llamado a las instituciones estatales y federales para que hagan su tarea, se fortalezcan las acciones de búsqueda, y se ponga un alto a la violencia”, señaló.

Asimismo, el organismo nacional autónomo pidió a las autoridades del estado de Sonora que lleven a cabo una investigación en la que se tome en cuenta la actividad de buscadora de Aranza Ramos para encontrar a los responsables del asesinato.

Solicitó, además, atención para la familia de la víctima, así como seguridad para las Madres Buscadoras de Sonora, pues, se añadió que la presidenta de este colectivo, Ceci Patricia Flores, declaró que desde hace más de un mes han recibido amenazas de muerte, las cuales se denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), sin que se les diera respuesta.

“El Estado y sus instituciones tienen la obligación de proteger y garantizar la vida de todas sus ciudadanas y ciudadanos, y su derecho a una vida libre de violencia”, sentenció la CNDH.

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