120 mujeres y niñas han sido criminalizadas por someterse a un aborto en Ecuador: HRW

El informe de Human Rights Watch señaló que, además, 20 acompañantes y ocho proveedores de la salud han sido procesados penalmente por cargos relacionados con el aborto.

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@ximecasas76
Foto: EFE

En Ecuador, en donde solo se permite la interrupción del embarazo por violación o cuando la salud de la mujer está en peligro, al menos 120 mujeres y niñas, 20 acompañantes y ocho proveedores de la salud han sido procesados penalmente por aborto entre el periodo de va de 2009 a 2019, reveló Human Rights Watch (HRW).

En el informe “¿Por qué me quieren volver a hacer sufrir? El impacto de la criminalización del aborto en Ecuador”, la organización detalló que, del total de casos, 38 cumplieron pena de prisión luego de la condena o estuvieron privados de la libertad durante el juicio o antes de que se llevara a cabo.

De quienes cumplieron condena en la cárcel, 33 eran mujeres y niñas, uno un proveedor de salud y tres acompañantes masculinos, en todos los casos se les acusó por delitos relacionados con el aborto.

Incluso, apuntó HWR, se encontraron tres casos más de mujeres acusadas y de una niña, quienes fueron señaladas por homicidio luego de una emergencia obstétrica. Abunda que quienes fueron sentenciados cumplieron en promedio cuatro meses en prisión o completaron una suspensión condicional de la pena, que puede incluir requisitos como terapia psicológica o tareas comunitarias.

El reporte señala que las consecuencias son devastadoras para las mujeres y niñas en Ecuador que intentan acceder a la interrupción del embarazo, tienen emergencias obstétricas que se confunden con abortos o requieren atención luego de un aborto ante complicaciones.

En el citado país, la pena para las mujeres y niñas que reciben o provocan un aborto es de seis meses a dos años; para los proveedores de la salud que los practican en contra de lo establecido por la ley es de un año cuando se hace con consentimiento de la paciente y de cinco a siete años cuando es sin consentimiento.

El informe destaca que las restricciones en cuanto al aborto no impide que las mujeres lleven a cabo esta práctica, sino que deriva en que se realicen de manera insegura, afectando sobre todo a las mujeres de bajos recursos, quienes ponen en riesgo su vida y su salud.

“Las niñas y las mujeres jóvenes, sobre todo aquellas que viven en la pobreza y pertenecen a grupos étnicos marginados, tienen menos probabilidades de acceder a la información y los recursos necesarios para obtener servicios de aborto seguro”, se subrayó.

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