En Ecuador, en donde solo se permite la interrupción del embarazo por violación o cuando la salud de la mujer está en peligro, al menos 120 mujeres y niñas, 20 acompañantes y ocho proveedores de la salud han sido procesados penalmente por aborto entre el periodo de va de 2009 a 2019, reveló Human Rights Watch (HRW).
En el informe “¿Por qué me quieren volver a hacer sufrir? El impacto de la criminalización del aborto en Ecuador”, la organización detalló que, del total de casos, 38 cumplieron pena de prisión luego de la condena o estuvieron privados de la libertad durante el juicio o antes de que se llevara a cabo.
De quienes cumplieron condena en la cárcel, 33 eran mujeres y niñas, uno un proveedor de salud y tres acompañantes masculinos, en todos los casos se les acusó por delitos relacionados con el aborto.
Hoy, 10 am (hora Ecuador) moderaré la rueda de prensa de este importantísimo nuevo informe de @hrw_espanol sobre la criminalización del aborto en Ecuador. @ximecasas76, autora del informe, presentará las conclusiones, con un panel de expertas. Únanse! #CondenadaPorSerMujer pic.twitter.com/drd20uZR3l
— Elin Martinez (@Martinez_Elin) July 14, 2021
Incluso, apuntó HWR, se encontraron tres casos más de mujeres acusadas y de una niña, quienes fueron señaladas por homicidio luego de una emergencia obstétrica. Abunda que quienes fueron sentenciados cumplieron en promedio cuatro meses en prisión o completaron una suspensión condicional de la pena, que puede incluir requisitos como terapia psicológica o tareas comunitarias.
El reporte señala que las consecuencias son devastadoras para las mujeres y niñas en Ecuador que intentan acceder a la interrupción del embarazo, tienen emergencias obstétricas que se confunden con abortos o requieren atención luego de un aborto ante complicaciones.
Ecuador: Criminalizar el aborto vulnera derechos y afecta la salud https://t.co/PLeQpXBGOQ
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) July 14, 2021
En el citado país, la pena para las mujeres y niñas que reciben o provocan un aborto es de seis meses a dos años; para los proveedores de la salud que los practican en contra de lo establecido por la ley es de un año cuando se hace con consentimiento de la paciente y de cinco a siete años cuando es sin consentimiento.
El informe destaca que las restricciones en cuanto al aborto no impide que las mujeres lleven a cabo esta práctica, sino que deriva en que se realicen de manera insegura, afectando sobre todo a las mujeres de bajos recursos, quienes ponen en riesgo su vida y su salud.
“Las niñas y las mujeres jóvenes, sobre todo aquellas que viven en la pobreza y pertenecen a grupos étnicos marginados, tienen menos probabilidades de acceder a la información y los recursos necesarios para obtener servicios de aborto seguro”, se subrayó.
El informe de @hrw_espanol arroja datos terribles sobre la criminalización del aborto en Ecuador #CondenadaPorSerMujer, accede al informe ➡️ https://t.co/sCYkutJHpt pic.twitter.com/RMOd4D4QIf
— Las Comadres (@Comadres_Ecu) July 15, 2021
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