Presentan iniciativa para tipificar extorsión sexual por razones de género

Lucero Saldaña Pérez, diputada por el PRI, presentó una iniciativa para tipificar como delito la extorsión sexual por razones de género con el fin de visibilizar la problemática que dijo, se distingue de otros tipos de violencia sexual debido a que tiene componentes tanto de corrupción como sexuales.

“La Asociación Internacional de Mujeres Jueces (IAWJ por su sigla en inglés) concluyó que el marco normativo actual en México no prescribe adecuadamente el delito de extorsión sexual por razones de género”, señaló la legisladora.

Agregó que “ninguna de esas leyes realmente previene, regula y penaliza la extorsión sexual por razones de género. En este sentido, se necesita legislar para enjuiciar adecuadamente dicha conducta en México”.

Saldaña Pérez, quien es presidenta de la Comisión Anticorrupción y Género del Colectivo 50+1 propuso reformas al Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el último caso con el fin de que se defina la extorsión sexual por razones de género como una modalidad de la violencia contra las mujeres.

En la iniciativa presentada se detalla que la extorsión sexual por razones de género implica una solicitud implícita o explícita para participar en una actividad sexual, la cual no tiene que implicar contacto físico, sino que puede ser exponer partes privadas del cuerpo, posar para fotografías sexuales o participar en sexo telefónico.

“Un funcionario que acepta otorgar un beneficio gubernamental a cambio de servicios personales gratuitos es culpable de corrupción. Si esos servicios involucran favores sexuales, el funcionario también es culpable de extorsión sexual por razones de género”, destaca el proyecto de ley.

Se detalla, además, que para que se trate de extorsión sexual el componente de corrupción debe estar presente, por lo que el perpetrador de este acto de violencia debe tener una posición de autoridad y abusar de esta.

La iniciativa resalta que quien incurra en este delito tendrá una sanción de tres a cinco años de prisión, pena que podrá incrementar en una tercera parte si además “existe una relación jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o de cualquier otra naturaleza que implique subordinación entre la persona agresora y la víctima”.

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