Con una X roja en la mano, mujeres en Brasil podrán denunciar maltrato en lugares públicos

La ley brasileña contempla un plan para capacitar a empleados públicos.

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Señal roja por violencia doméstica
Foto: senadorarosedefreitas.com.br/

El Senado de Brasil aprobó una nueva ley que tipifica la violencia psicológica contra la mujer e instaura un sistema para que las víctimas puedan denunciar en lugares públicos con una X roja en la mano.

Este miércoles, con 69 votos a favor y cero en contra el Senado brasileño aprobó una iniciativa que tipifica la violencia psicológica y crea mecanismos que ayuden a perseguir y sancionar este tipo de delitos, luego de que en 2020 se reportó un incremento del 75% en casos de violencia contra la mujer.

De este modo, la violencia psicológica queda tipificada como cualquier “daño emocional causando a la mujer que la perjudique y perturbe su pleno desarrollo o que busque degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones mediante amenaza, humillación, manipulación, aislamiento, chantaje, ridiculización, limitación del derecho de ir y venir o cualquier otra forma que provoque daño a su salud psicológica”.

Denuncia con una X

Además de establecer penas de seis meses hasta dos años de prisión para quien incurra en violencia psicológica, el Senado también creó el programa “Señal Roja contra la Violencia Doméstica” con el cual las mujeres podrán denunciar cuando son víctimas de maltrato marcando una  X (de preferencia roja) en su mano.

La idea es que las víctimas puedan denunciar en lugares públicos y establecimientos comerciales sin necesidad de confrontar a su agresor, pues los empleados de estos lugares, por ley, tendrán la obligación de denunciar ante las autoridades cualquier caso de maltrato contra la mujer.

“Muchas veces la mujer vive en tal estado de opresión y miedo, siendo constantemente vigilada, que no tiene libertad ni siquiera para denunciar su situación ante la policía”, explicó la senadora Rose de Freitas, ponente del proyecto, de acuerdo con EFE.

La ley obliga al Poder Ejecutivo y al Judicial, así como al Ministerio Público, a crear un proyecto con establecimientos comerciales privados para capacitar a los empleados y sepan cómo actuar ante una señal de alerta.

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