En su reporte “Aborto bajo la lupa”, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), organización civil que labora por los derechos reproductivos de las mujeres, acusó que la información pública que existe sobre el aborto es “incompleta, tardía e insuficientemente desagregada”.
A través del informe, la organización resaltó que la falta de transparencia de las autoridades mexicanas para exponer datos sobre la interrupción del embarazo es grave, al igual que la falta de información “integra, veraz y accesible en materia tan vital como la salud de las mujeres”, pues esto muestra que el Estado pone en segundo plano la vida y libertad de este sector.
El análisis llevado a cabo por el GIRE, que ha trabajado más de 25 años por el acceso al aborto legal y seguro, reveló que existe una fragmentación entre las bases de datos del Sistema Nacional de Salud, pues el IMSS, ISSSTE, SSA, y otros, recopilan la información sobre el acceso al aborto en registros distintos, con actualizaciones en diferentes niveles, desagregación y grados distintos de accesibilidad.
Luego de que organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres presentaran una demanda de inconstitucionalidad, despenalizan aborto por violación en Ecuador. https://t.co/QUjdsAQ7El
— ViBE TV (@ViBETVmx) April 29, 2021
Destaco que, si bien existe el Sistema de Información de la Secretaría de Salud, en donde se recopilan los datos sobre el número de abortos totales que se llevaron a cabo en un año, en este los datos también son “insuficientes”, pues “se limita la sistematización de procesos médicos”, lo que no permite “el cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a servicios de aborto legal”.
Si a nivel nacional el panorama es de ese modo, a nivel local, destaca la organización, “la falta de información es todavía más acusada”.
Además de esta opacidad, también señalaron la existente en lo referente a la criminalización de quienes abortan, ya que explicaron que la recopilación de carpetas de investigación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presenta limitantes, pues estas no cuentan con la desagregación por sexo.
Contar con ese dato, se detalla, se permitiría identificar cuántas mujeres fueron acusadas directamente por inducirse un aborto, frente a quienes fueron acusados por ayudar a otra persona a interrumpir su embarazo, así como cuando una agresión terminó en un aborto.
El GIRE señaló la necesidad de contar también con el número de juicios y sentencias ligadas con el aborto, así como de sus patrones en las distintas entidades federales de México, pues esta información no se encuentra disponible en ninguno de los portales de los poderes judiciales locales.
En cuanto a las solicitudes de acceso a la información, que indica han sido de utilidad para obtener determinados datos sobre el acceso al aborto y la criminalización, no obstante, en este caso también han detectado limitaciones “relacionadas con los distintos criterios con los que las instituciones recopilan la información”, por lo que pueden dar respuestas con distinto nivel de desagregación y detalle.
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