La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) a que gire las instrucciones a las instancias correspondientes para que se reabra la investigación del caso de Ernestina Ascencio Rosario, quien murió en 2007 luego de ser violada y agredida sexualmente por elementos del Ejército mexicano, denunciaron sus familiares.
En un comunicado, el organismo explicó que el pasado 8 de marzo presentó un pronunciamiento para revisar su propia actuación, así como “presuntas violaciones al derecho a la libertad sexual, al derecho a la vida y al derecho a la protección de la salud” de la víctima.
Tras esto, la CNDH determinó que, pese a que el 25 de febrero de 2007 los familiares de Ernestina denunciaron el ataque sexual, así como funcionarios del hospital ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz (PGJV), “la justicia plena” continúa siendo un reclamo, pues familiares de la víctima exigen el esclarecimiento del caso el cual ahora también incluye el asesinato de la denunciante.
#CNDH exhorta a la @FGE_Veracruz , respecto al caso Ernestina Ascencio Rosario.#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/8NqwhNgWFI
— CNDH en México (@CNDH) April 15, 2021
Tras la revisión “exhaustiva”, mencionó la CNDH, se llegó a la convicción de que era necesario generar un proceso de colaboración y coordinación entre distintas instituciones para garantizar los derechos de las personas en situación de víctimas.
Resaltó que en este caso particular “los argumentos no son congruentes con el principio pro persona – consistente en brindar la protección más amplia al gobernado- ni con el derecho a un recurso efectivo señalado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La CNDH agregó que es necesario emitir un diagnostico en el que se tomen en cuenta las características y contexto de Ernestina, pues pertenece a grupos de atención prioritaria al ser mujer, indígena, adulta mayor y persona de escasos recursos.
Entre las razones para cumplir con la justicia del caso enlistaron, además, garantizar los derechos del debido proceso, seguridad jurídica de las personas, así como reparar a las personas en situación de victimas directas e indirectas y fortalecer los programas de protección de los derechos humanos.
Agregaron que, por ello, para fortalecer el esclarecimiento de los citados hechos, se exhorta a la fiscalía local a dar instrucciones para que la Fiscalía Coordinadora Especializada en Asuntos Indígenas y Derechos Humanos a través de la Coordinación de Asuntos Indígenas y la Coordinación de Derechos Humanos para reabrir la investigación “con las consecuencias legales que corresponden y se facilitan los procesos de memoria, verdad, justicia y reparación”.
Asimismo, la CNDH exhortó a la Secretaría de Gobernación a través de su Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración para que lleve a cabo un proceso de investigación sobre la muerte de la mujer indígena náhuatl que habitaba en Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica, Veracruz.
El caso de Ernestina Ascencio
Hace 14 años, el 25 de febrero, Ernestina Ascencio Rosario, una mujer de 73 años, habría sido violada por miembros del 63 Batallón de Infantería del Ejército, quienes habían colocado un campamento cerca del domicilio de la adulta mayor.
Los familiares de la víctima la encontraron gravemente herida cerca del nombrado campamento, y antes de perder el conocimiento, la mujer identificó a los militares como quienes la había agredido sexualmente.
Ante este panorama, pronto se busco ayuda médica, sin embargo, la mujer no pudo ingresar a algún hospital cercano, por lo que fue hasta después de 10 horas que fue atendida en el hospital regional de Río Blanco.
El 26 de febrero, Ernestina falleció debido a desgarros en las regiones vaginal y anal, según lo encontrado en la necropsia que se realizó en el nosocomio y la cual fue presenciada por una ginecóloga de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz.
No obstante, el 13 de marzo, el entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa, declaró que la mujer había fallecido de “gastritis crónica”, lo que fue avalado el 29 de marzo por la propia CNDH.
Con información de la CNDH
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