En México, la castración química como una sanción para quienes cometan el delito de violación, o reincidan en este crimen, ha sido propuesta en diversas ocasiones por legisladores y otros miembros de la política como una “solución” para enfrentar esta problemática.
Lo anterior, debido a que actualmente las penas para quien comete un crimen de esta índole no son consideradas lo suficientemente severas, así como ante el creciente número de víctimas de estas agresiones y las tasas de reincidencia.
Según datos de México Evalúa, entre julio y diciembre de 2020 se reportaron ocho mil 597 carpetas por el delito de violación a nivel nacional, sin embargo, destaca la organización, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), señaló que en ese mismo periodo se estima que 194 mil 334 mujeres fueron víctimas de este delito.
En esta línea, la organización Alumbra, señala que en 2019 existieron 51 mil 662 delitos sexuales, lo que muestra un incremento del 20% al realizar la comparación con el año precedente.
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Las cifras son alarmantes, por lo que resulta urgente la implementación de medidas que combatan la violencia sexual, la cual afecta sobre todo a mujeres y menores de edad, no obstante, es de reflexionarse el hecho de si la castración química podría enfrentar este tipo de delitos de manera eficiente.
¿Qué es?
La castración química es un procedimiento que mediante la aplicación de medicamentos antiandrógenos disminuye los instintos sexuales, reduce la producción de testosterona, y que debe suministrarse de manera periódica.
Este método se ha implementado como una opción ante crímenes sexuales en distintos países, como Canadá, Argentina, España y algunas entidades federativas de Estados Unidos.
Según datos de la Secretaría de Salud del Estado de México, las tasas de reincidencia en la mayoría de los países son muy altas entre los delincuentes sexuales, lo que ha derivado en que se “busquen nuevas formas o procedimientos para enfrentar la problemática desde perspectivas menos inhumanas como la castración quirúrgica o la prisión vitalicia”.
Práctica violatoria de derechos humanos
Entre los argumentos que se han presentado en contra de esa sanción se encuentra el hecho de que se acusa que esta práctica viola los derechos humanos de los delincuentes, como lo es el derecho a la salud.
Además, se señala que no hay estudios científicos que muestren la efectividad de esta medida para evitar los crímenes sexuales, pues, aunque inhibe el deseo sexual, no impide que el acusado tenga una erección, según apunta el medio LJA.MX.
El panorama anterior saca a la luz el hecho de que una violación, como explica Kids Health, en realidad tiene que ver con el poder y no con el sexo, pues se basa en usar la fuerza física, la violencia o la amenaza para dominar a otro ser humano.
Por ello, es de considerarse el hecho que la implementación de la medida de castración química no solucionaría la incidencia o reincidencia en delitos de índole sexual, y simplemente sería una especie de paliativo a presentar que no iría directo a las estructuras de la sociedad mexicana, de las autoridades de justicia, ni las instituciones, que es en donde se deben aplicar mecanismos y determinaciones para combatir esta problemática.
Casos para analizar
Un ejemplo claro de lo anterior es lo que ocurre en Kazajistán, en donde, según información de Plumas Atómicas, pese a que en 2020 se aplicaron 25 condenas de castración química, con la cual se condena a delincuentes relacionados con delitos de abuso infantil desde 2018, las cifras de incidencia no han disminuido; de enero a marzo de 2020, en ese país, el número de delitos de violencia sexual contra menores aumentó un 4.87%.
Es claro que las sanciones en contra de quienes cometen delitos sexuales deben ser replanteadas para ofrecer justicia, sin embargo, existen una serie de áreas en el sistema administrativo mexicano, así como entre la misma ciudadanía, que se tienen que tomar en cuenta también para evitar que los derechos de quienes han sido víctimas se vulneren.
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