Uso obligatorio de cubrebocas en Nuevo León; habrá multas, trabajo comunitario y hasta cárcel para los que no cumplan

El estado también se encuentra en rojo en el Semáforo Epidemiológico.

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personas usando cubrebocas en vía pública
Foto: Pixabay

Como una medida para disminuir los contagios de COVID-19, el Congreso de Nuevo León ha aprobado por mayoría, modificar la Ley Estatal de Salud, haciendo obligatorio el uso de cubrebocas tanto en espacios públicos, establecimientos y transporte hasta que termine la pandemia.

Las condenas por incumplimiento de esta medida pueden ser económicas (desde los 448 pesos), 36 horas de cárcel u ocho horas de trabajo comunitario. Por ejemplo, para los usuarios operadores y conductores del transporte público, privado o de carga, la multa puede se de hasta mil 742.40 pesos.

En dicho documento se especifica lo siguiente:

“El uso del cubrebocas será obligatorio en vías y espacios públicos o de uso común, en el interior de establecimientos ya sean de comercio, industria o servicios, centros de trabajo de cualquier ramo, centros comerciales, así como para usuarios, operadores y conductores de los servicios de transporte público o privado de pasajeros o de carga, previa determinación y aprobación de los respectivos lineamientos por parte de la secretaría”.

 


Para los menores de 2 años, personas con discapacidad motriz o intelectual, no aplica esta nueva medida ya que existe el peligro de que se puedan asfixiar al no poder retirarlas de sus rostros.

La propuesta fue realizada por el Partido Acción Nacional (PAN), pero también recibió el apoyo de los miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI); la reforma fue aprobada con 26 votos a favor y 12 en contra.

Para Melchor Heredia de Morena, Horacio Tijerina del Movimiento Ciudadano e Ivonne Bustos del Partido Verde Ecologista (PVEM), se opusieron a esta medida y demostraron que el fallo violaba los derechos humanos.

Carlos de la Fuente, coordinador del Comité de Acción Nacional, explicó que esta reforma fue provocada por el hecho de que todavía hay personas en el estado que desconocen el peligro o no creen en la existencia del COVID-19. Agregó que este no es un tema político, sino un tema de salud pública.

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