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Rechaza SRE vacunación clandestina con vacuna CanSino

La “vacunación clandestina” se iba a aplicar a funcionarios públicos.

Vacuna Cansino
Foto: EFE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negó que alguno de sus funcionarios se haya aplicado la vacuna contra COVID-19 de CanSino, como se denunció en días pasados. La Cancillería asegura que la vacunación de su personal forma parte de los ensayos clínicos con los que se prueba la eficacia del fármaco.

Pese a ello, la Secretaría de la Función Pública (SFP) solicitó al Órgano de Control Interno de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que investigue la denominada “vacuna clandestina”; no obstante, la SRE prohibió que funcionarios públicos sean vacunados, ya que es parte de un ensayo clínico.

La Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción tuvo una denuncia el pasado 18 de diciembre de 2020 contra Martha Delgado, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, y al exdirector general de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, Javier Jileta, después de dar acceso a la vacuna realizada por la farmacéutica china CanSino a funcionarios de la administración pública.

De acuerdo con la información manejada por Radio Fórmula, los responsables de la denuncia garantizaron que esta información se obtuvo de forma anónima a través de un correo electrónico, por lo que se desconoce en qué términos va.

Fueron ensayos clínicos

Por otro lado, Annette Ortiz Austin, la encargada de los ensayos clínicos de la dosis de CanSino en México y directora de Epic Research, comentó que lo anterior no era cierto y confirmó que es parte de la tercera fase clínica de dicha vacuna.

El subsecretario de la Función Pública, Roberto Salcedo comentó que, además señalan que Martha Delgado, subsecretaría en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Javier Jileta, han incurrido en cohecho, utilización indebida de información, abuso de funciones, etc. Al dar acceso a vacunas (no placebo) no autorizadas por Cofepris a diversos funcionarios dentro de la administración pública y convertir ese predio en centro de vacunación no autorizado.

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