CoIDH inicia juicio contra Chile por despido de Sandra Pavez, maestra religiosa lesbiana

Después de más de 15 años de trabajo, la institución decidió retirarle el certificado de idoneidad.

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Audiencia del caso Sandra Pavez
Foto: @CorteIDH / Twitter

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) inició este jueves el juicio de Sandra Pavez, quien acusa al Estado de Chile de discriminación, luego de que fue despedida de su puesto como profesora de religión por ser lesbiana.

El caso data de 2007 cuando el Liceo Cardenal Samoré, colegio para el cual trabajaba Sandra Pavez desde 1991, decidió retirarle el certificado de idoneidad para impartir clases de religión.

Este certificado derivado del Decreto 924 aprobado en 1983, señala que las autoridades religiosas tienen la facultad para expedir certificados de idoneidad para profesores que impartan clases de religión en escuelas públicas y privadas.

En el caso de Sandra Pavez, quien nunca ocultó su homosexualidad, las autoridades del Liceo Cardenal Samoré le revocaron el certificado porque consideraron que la profesora “no destacaba por su testimonio de vida cristiana”, de acuerdo con la Agencia Católica de Informaciones.

Según la normativa con la que se justificó el despido de la docente y exmonja un motivo para revocar el certificado es la incongruencia entre los valores religiosos y la vida privada de la profesora, lo cual, de acuerdo con varias ONG, se trata de una acción de discriminación en contra de la maestra por razones de orientación sexual.

Ante esta situación, Sandra Pavez apeló la decisión hasta llegar a la Corte Suprema de Chile, la cual dio la razón al colegio, por lo que la profesora de 63 años decidió iniciar un proceso por discriminación ante la CoIDH.

La Corte decidió atraer el caso de Sandra Pavez, pues considera que la vicaria tendría “derecho a hacer clases de religión católica aun contra la objeción de su iglesia”, ya que “las comunidades de fe no pueden requerir de los profesores una conducta de vida fiel a sus creencias, ni aun en los colegios privados”.

Tras las audiencias iniciales realizadas este jueves y viernes, las partes tendrán un mes para presentar todos sus alegatos y, posteriormente, la CoIDH tendrá entre tres y cinco meses para llegar a una conclusión.

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