Ley Ingrid: CDMX aprueba sanciones por difundir fotos de víctimas de crímenes

El congreso capitalino estableció penas de tres a seis años para los servidores que difundan material indebido de víctimas de algún delito.

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Samantha Pantoja / Flickr

El Congreso de la Ciudad de México aprobó la llamada “Ley Ingrid” con la que se establecen sanciones penales para los funcionarios públicos que difundan información, imágenes, videos, u otros materiales o documentos, de víctimas de algún delito.

El dictamen aprobado por unanimidad para reformar el Código Penal local, fue propuesto por la Fiscalía General de Justicia capitalina y por las diputadas Isabela Rosales Herrera, Gabriela Quiroga Anguiano y Ana Patricia Báez Guerrero.

¿Qué establece la iniciativa?

Los legisladores explicaron que la adición al artículo 293 Quáter establecen sanciones para el servidor público que:

“De forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos, con uno o varios hechos señalados por la Ley como delitos”.

¿Cuál será la sanción para quien incurra en este delito?

Se estableció que se impondrán penas de tres a seis años de prisión, así como una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS) a los funcionarios que incurran en esta falta (casi nueve mil pesos).

Cabe destacar que las sanciones aumentan en un tercio en caso de que el material que se difunda contenga cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, o exponga las circunstancias de su muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima.

¿Por qué Ley Ingrid?

Esta propuesta surgió con el fin de proteger los derechos de la víctima y de sus familiares, así como respetar la memoria de Ingrid Escamilla, quien fue desollada y descuartizada por quien fuera su pareja, Francisco “N”, en su departamento localizado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en febrero de 2020.

Fue Ernestina Godoy, titular de la fiscalía capitalina, quien presento la iniciativa ante el congreso capitalino luego de que personal de la fiscalía filtró fotos del cadáver de Ingrid, las cuales fueron difundidas de manera innecesaria y excesiva en redes sociales y por medios de comunicación, quienes llegaron a colocarla en su portada sin ningún tipo de censura.

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