En la Cámara de Diputados se presentó una propuesta que busca abordar la preocupante brecha salarial de género que persiste en el país.
En un movimiento que podría cambiar las reglas del juego para las empresas, se han planteado multas de hasta 540,000 pesos (de 250 a 5,000 veces el valor de la UMA) para aquellas que no cumplan con las nuevas normativas destinadas a promover la igualdad salarial.
La iniciativa, presentada en el contexto de un creciente clamor por la equidad de género, prohíbe a las empresas la publicación de vacantes que contengan criterios discriminatorios. Esto incluye la prohibición de indagar sobre el historial salarial de los candidatos durante el proceso de reclutamiento.
La idea es eliminar prácticas que perpetúan la desigualdad y asegurar que todos los postulantes tengan una oportunidad justa, independientemente de su género.
Este paquete de reformas a seis ordenamientos legales es un segundo esfuerzo encabezado por las diputadas Patricia Mercado e Iraís Reyes (Movimiento Ciudadano). La propuesta retoma parte del dictamen aprobado en 2021 en el Senado, el cual quedó congelado en la Cámara Baja y desechado con el fin de la legislatura.
La implementación de estas medidas podría tener un impacto significativo en el entorno laboral mexicano.
Al establecer sanciones económicas severas, se espera que las empresas reconsideren sus políticas de contratación y compensación.
“A pesar de los avances por la elevación de los salarios mínimos y las reformas para impulsar el trabajo decente, la situación de las mujeres no ha mejorado sustancialmente.
“Es hora de terminar ese círculo vicioso: la combinación de la desvalorización del trabajo de cuidados y en los hogares no remunerado junto con una menor paga en los empleos, que provoca la salida de las mujeres del mercado laboral”, afirman las diputadas en mencionada iniciativa.
Esta iniciativa no solo busca cerrar la brecha salarial, sino también fomentar un ambiente laboral más inclusivo y equitativo.
También busca la creación del Sistema Público de Monitoreo de Prácticas Salariales y Normas de Trabajo, el cual será alimentado con informes elaborados por la Inspección del Trabajo cuando detecten incumplimientos en igualdad salarial de género.
Las reacciones a esta propuesta han sido diversas. Por un lado, grupos feministas y defensores de los derechos laborales han celebrado la iniciativa como un paso crucial hacia la justicia social. Por otro lado, algunos empresarios han expresado preocupaciones sobre cómo estas regulaciones podrían afectar la flexibilidad en la contratación y la gestión de recursos humanos.
La lucha por la igualdad salarial es una batalla que sigue vigente en muchos países, y nuestro país no es la excepción.
Con propuestas como ésta, se abre una puerta hacia un futuro donde las mujeres puedan aspirar a salarios justos sin ser penalizadas por su género.
La atención ahora se centra en cómo las empresas responderán a estas nuevas exigencias y si realmente se logrará hacer una diferencia tangible en el panorama laboral del país.
