En México, la informalidad laboral sigue siendo un problema estructural, afectando de manera significativa a las mujeres.
De acuerdo con un análisis de Oxfam México y el observatorio económico “México, ¿Cómo Vamos?”, el 55.6% de la fuerza laboral femenina se encuentra en empleos informales.
Esto no solo limita su acceso a derechos laborales, como la seguridad social y la protección jurídica, también reduce sus posibilidades de crecimiento económico y estabilidad a largo plazo.
“Es necesario que las políticas públicas que se emprendan en los próximos años tengan un gran efecto sobre las condiciones laborales de las personas trabajadoras, pero también en su capacidad de integrarse al mercado laboral formal y disfrutar la protección social y legal correspondiente a su labor”, dijo Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México.
Desigualdad de género en el mercado laboral
El mercado laboral mexicano presenta una clara brecha de género: las mujeres enfrentan mayores barreras para acceder a empleos remunerados, formales y con beneficios.
En contraste, los hombres tienen mayor acceso a oportunidades en la economía formal, lo cual refuerza la desigualdad económica y social entre géneros.
Un ejemplo es la diferencia en ingresos laborales, mientras que en un empleo formal el ingreso laboral mensual promedio es de 13,011.20 pesos (647.64 dólares), en uno informal se reduce casi a la mitad, 6,924.5 pesos (unos 344 dólares).
Esta situación se ve agravada por el hecho de que muchas mujeres, especialmente en sectores vulnerables, son responsables de tareas de cuidado no remuneradas, lo cual limita su tiempo y posibilidades de dedicarse a trabajos formales de tiempo completo.
¿Qué factores contribuyen a la informalidad femenina?
Sin duda. Son varios. Aquí algunos de ellos:
- Falta de políticas de conciliación laboral y familiar:
Las políticas que permiten una mayor flexibilidad laboral, como horarios reducidos y acceso a guarderías, son escasas en nuestro país, lo cual obliga a muchas mujeres a optar por trabajos informales que les permitan cumplir con sus responsabilidades familiares.
- Educación y capacitación limitadas:
Aunque ha habido avances en el acceso a la educación para las mujeres, aún existen brechas en áreas técnicas y vocacionales, especialmente en regiones rurales y comunidades marginadas, donde el acceso a oportunidades de empleo formal es limitado.
- Prejuicios de género:
Las mujeres en México seguimos enfrentando estereotipos que nos asocian con ciertos tipos de trabajos considerados “menos productivos” o menos calificados, lo que restringe sus oportunidades en sectores formales y de altos ingresos.
Pero, ¿cuáles serían las consecuencias de la informalidad para nosotras las mujeres?
La informalidad laboral implica que las mujeres carezcamos de acceso a sistemas de salud, seguro social, pensiones y derechos laborales básicos, exponiéndonos a condiciones de trabajo precarias y a una mayor inseguridad económica.
Esta falta de protección tiene efectos a largo plazo, como la incapacidad de las mujeres para acceder a una jubilación digna o a recursos que nos permita mejorar nuestra calidad de vida en la vejez.
Iniciativas y retos para mejorar nuestra situación
Existen iniciativas en México, como la implementación de políticas públicas que buscan reducir la brecha de género en la informalidad laboral, pero su alcance sigue siendo limitado.
La creación de programas de capacitación específicos para mujeres en situación de informalidad, el acceso a créditos para emprender y el fortalecimiento de la educación técnica son pasos necesarios para transformar las oportunidades laborales para las mujeres en nuestro país.
Además, se requiere una mayor sensibilización en el ámbito empresarial para adoptar prácticas de equidad de género.
En pocas palabras, la informalidad laboral sigue siendo uno de los principales obstáculos para el avance económico y social de nosotras, en nuestro México.
Y para combatir este fenómeno y reducir la brecha de género, es indispensable implementar políticas inclusivas y efectivas, que nos permitan acceder a empleos formales, con beneficios y protección social, y que fomenten un mercado laboral más justo y equitativo.