La diputada Alejandra López Noriega, representante del estado de Sonora, propuso una serie de medidas legislativas para abordar la problemática del abuso sexual en nuestro país.
Su enfoque se centra en la implementación de la castración química como una pena para los violadores sexuales, así como en el establecimiento de penas más severas para estos delitos.
Esta propuesta surge en un contexto donde las estadísticas de violencia sexual son alarmantes y donde se busca dar mayor visibilidad a las víctimas.
López Noriega argumentó que la castración química es una medida necesaria para proteger a las víctimas y prevenir futuros delitos.
Esta técnica implica la administración de medicamentos que reducen la libido y la capacidad sexual del agresor, lo que podría disuadir a potenciales delincuentes.
Según la diputada, esta medida no solo busca castigar, sino también defender verdaderamente a las víctimas de abusos sexuales.
Castración química: Penas de 10 a 30 años de prisión
Además de la castración química, López Noriega propuso que los delitos de abuso sexual sean castigados con penas de 10 a 30 años de prisión.
También sugiere multas económicas que oscilarían entre 32,571 y 54,000 pesos mexicanos. Estas sanciones buscan reflejar la gravedad del delito y el impacto duradero que tiene en las vidas de las víctimas.
La diputada enfatizó que el abuso sexual tiene un impacto devastador en las víctimas, afectando su salud mental y emocional a largo plazo.
En su declaración, subrayó la importancia de reconocer este impacto para justificar penas más severas y medidas efectivas que protejan a quienes han sufrido este tipo de violencia.
La propuesta de López Noriega se inscribe en un debate más amplio sobre cómo nuestro sistema legal mexicano maneja los delitos sexuales.
En los últimos años, ha habido un llamado creciente por parte de diversos sectores de la sociedad para que se implementen reformas que fortalezcan la protección a las víctimas y aseguren que los agresores enfrenten consecuencias adecuadas por sus actos.